El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que, de acuerdo al informe recibido de la comisión de investigadores del caso de los 170 respiradores que se compraron en España, se tiene un avance considerable y la investigación está en su etapa final. Anticipó que, en próximas semanas, el Ministerio Público presentará una acusación fiscal para ingresar a la etapa de juicio en contra de todas las personas que son procesadas por los delitos de contratos lesivos al Estado, contra la salud, asociación delictuosa y otros. En el caso de los 170 respiradores que se compraron en España, en este proceso se tiene un avance considerable, se tiene dos personas aprehendidas, Fernando Valenzuela y Fernando Humérez y otras que cuentan con detención domiciliaria como Ana Fernanda Espinoza, Gabriela Pérez, Giovani Pacheco, Alberto Pareja, así como el exministro de Salud Marcelo Navajas”, afirmó la autoridad.
La ministra de Salud, Eidy Roca hizo conocer este martes la firma del contrato con la aseguradora Univida, para la póliza de seguro de los profesionales y trabajadores en salud, que hayan sido afectados por el coronavirus. “Todos los familiares de los trabajadores fallecidos por Covid-19 durante la pandemia, ya podrán realizar sus trámites ante la aseguradora Univida para poder hacer el cobro del beneficio que le da este seguro. Este contrato tiene vigencia a partir del 15 de abril de 2020 hasta el 14 de abril del 2021”, informó la autoridad. La contratación del seguro de vida fue autorizada a través del Decreto Supremo 4217, aprobado el 14 de abril pasado.
Las denuncias de los ciudadanos sobre las irregularidades en la rehabilitación de electores más allá de las fronteras deben ser absueltas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmaron dos de seis cónsules que fueron consulados sobre los reclamos ciudadanos. Entiendo hubo algo de malestar entre algunos de nuestros compatriotas, pero la razón casi exclusiva de inhabilitación fue no participar en las dos elecciones anteriores. Es decir, de responsabilidad exclusivamente individual y personal”, escribió el cónsul en España, Gualberto Rodríguez, ante la consulta sobre los problemas que se registraron. La queja de los ciudadanos bolivianos en el exterior, se refería a la ausencia de explicaciones en las oficinas consulares y la falta de información sobre los pasos que debían seguir para rehabilitarse en el padrón electoral.
El jefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Omar Durán, reveló este martes, actos de corrupción en entidades del Ministerio de Obras Públicas. Algunos han sido remitidos como denuncia ante el Ministerio Público. El ministro del ramo, Iván Arias dijo que va a ser el director de la DGAC quien aclare las denuncias. Entre tanto, la autoridad de Transparencia, ventiló el caso de las placas clonadas de avionetas para su uso irregular, la compra de barbijos y equipos de bioseguridad con sobreprecio, negociados de hasta el uso de bienes del estado para uso particular, entre otros que, según Durán, serán denunciadas ante la Fiscalía en los próximos días.
El ministro de Economía, Óscar Ortiz, informó este martes que durante el primer semestre el país llegó al déficit programado para todo el año y que el hueco financiero alcanzó a Bs 20.000 millones. La autoridad indicó que esta situación se debió a la reducción de los ingresos por la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.La autoridad gubernamental lanzó el dato delante de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, que solicitó un informe sobre los diferentes créditos, tanto internos y externos, que obtuvo el país desde que se decretó la emergencia sanitaria el 22 de marzo. Desde esta fecha, el Gobierno decretó una cuarentena rígida para evitar la propagación de la pandemia. Si bien la medida ayudó a evitar mayores contagios, según Ortiz, también disminuyó los ingresos del Estado. Ante esto y para hacer frente a las cuentas públicas, el Gobierno acudió a créditos del BCB y a otras líneas otorgadas por organismos internacionales para tener al día sus gastos.
Además del ya existente puente Mario Foianini, que conecta a los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Porongo, existen dos obras en agenda que apuntan a fortalecer y facilitar el tránsito entre estas dos jurisdicciones. Esto significa que en el futuro la zona metropolitana cruceña tendrá tres puentes. Las labores se conocen después de la firma de un convenio para la construcción de otro puente y que responde a una iniciativa privada. Es el puente Urubó Village, que desde las últimas horas tiene el visto bueno después de la firma de un convenio entre las autoridades municipales de la capital cruceña y de Porongo. Es un proyecto que forma parte de la Gran Santa Cruz, que conforman ocho municipios», sostuvo la alcaldesa interina, Angélica Sosa, explicando que estas acciones fueron consideradas en mesas técnicas, económicas y ambientales.
