Este miércoles 3 de marzo concluye la difusión de propaganda proselitista, tanto en actos públicos de campaña como en medios de comunicación, de acuerdo con el calendario de actividades que rige para los comicios subnacionales del domingo. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde esa fecha, “las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas ya no podrán difundir ningún tipo de mensaje que dirija la intención de voto”. La norma electoral señala que la difusión de propaganda electoral fuera del plazo establecido dará lugar a la “suspensión inmediata de la propaganda y a sanciones económicas, tanto a la organización política o alianza que la contrató como al medio de comunicación que la difundió”. La ley agrega que se dispondrá “una multa equivalente, en ambos casos, al doble de la tarifa promedio inscrita por el medio ante el Órgano Electoral, además de la inhabilitación al medio de comunicación para difundir propaganda en el siguiente proceso electoral”.
A cuatro días de las elecciones subnacionales, el candidato a alcalde por la alianza política Unidos por Tarija, Johnny Torres, develó que sus ocasionales adversarios intentaron inhabilitar su postulación con denuncias ante el órgano electoral. Torres, quien lidera las encuestas en la capital tarijeña y la provincia Cercado, dijo que presentaron tres demandas de inhabilitación en su contra. La primera demanda es que no soy una autoridad electa, cuando en las elecciones del 2015 me eligieron como subgobernador de la provincia Cercado, y las otras dos tienen que ver con que manejo columnas de opinión en medios escritos, cuando soy un abogado y nunca fui columnista», explicó el candidato, sin especificar qué partidos y candidatos están por detrás. En Yacuiba, ayer un juez electoral falló a favor de Torres, al declarar improbada a una de las demandas por no tener sustento legal, al igual que las otras dos con sentencia anterior. El candidato fue «blanco» de cuestionamientos constantes de sus oponentes anoche en el debate organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Alto está de luto. La mañana de este martes una trifulca de estudiantes que asistieron a una asamblea en el bloque de Ciencias Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) terminó en tragedia. Hasta las 17:00, la cifra de fallecidos se había elevado a siete, cuatro varones y tres mujeres, mientras que otros cuatro universitarios se encuentran hospitalizados. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó a los fallecidos y heridos. El comandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera, señaló que la joven será llamada a declarar, así como el resto de los protagonistas de la trifulca, quienes están siendo identificados. Por el momento, se entiende que hubo una disputa de dos frentes, lo que ha provocado que la dirigencia que convocó a esta reunión se aloje en el quinto piso”, adelantó Aguilera en conferencia de prensa. También serán convocados a prestar su declaración tres guardias de seguridad de esta universidad pública, situada en el municipio paceño de El Alto.
Las entidades financieras tienen un nuevo límite para sus inversiones en el exterior. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) decidió reducir del 15% al 10% el límite de inversiones que pueden hacer los bancos.A través de la resolución ASFI/145/ 2021 de 26 de febrero la entidad reguladora aprobó y puso en vigencia las modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior. El documento explica “que es viable la reducción del límite de inversiones y depósitos a la vista en el exterior del 15% al 10% sin comprometer los recursos que se requieren para realizar las operaciones de comercio exterior y con el propósito de que las entidades de intermediación financiera, con la reducción de activos que mantienen en el exterior, los mismos pasarían a formar parte de los recursos prestables en el país”. El objetivo de la medida obedece a contrarrestar la ralentización en la dinámica de colocación de créditos causada por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y en procura de coadyuvar en el proceso de reactivación económica este año, según la resolución de la ASFI.
La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, informó este lunes que esa entidad decomisó mercadería de contrabando valuada en más de Bs 122 millones, producto de operativos realizados entre el 24 de noviembre del año pasado y el 28 de febrero de 2021, según reporte de la agencia ABI. Según la alta funcionaria, ese logro fue el resultado de 1.690 operativos realizados en todo el territorio nacional. Recordó que la Aduana Nacional, en sus 41 recintos, también cuenta con mercadería de contrabando dejada el año pasado durante el régimen de Jeanine Añez. La titular de la Aduana Nacional dijo que algunas de las mercaderías decomisadas el año pasado llegaron incluso a descomponerse y tuvieron que ser destruidas.
Una acción popular planteada por el diputado Héctor Arce (MAS) en contra del paro nacional y otras medidas que lleva adelante el Consejo Nacional de Salud de Bolivia (Conasa), ha sido rechazada por la Sala Tercera del Tribunal de Garantías Constitucionales de Cochabamba, según informó este martes Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Cáceres aseguró que este fallo es una muestra de que la demanda del sector salud, así como todas las medidas asumidas por los médicos y otros profesionales de salud, son totalmente legítimas. La audiencia se llevó a cabo este martes y contó con la presencia de la dirigencia médica, así como de sus asesores legales. Estamos aguardando una copia de la sentencia emitida por las autoridades de la Sala Tercera del Tribunal de Garantías Constitucionales, pues este fallo sirve como antecedente. El Gobierno, en vez de demostrar predisposición al diálogo, lamentablemente nos inicia acciones judiciales para amedrentarnos y acallarnos», manifestó Cáceres.
