La dirigencia del magisterio nacional rompió el diálogo con el Gobierno al que acusaron de no implementar medidas de bioseguridad para los maestros y pretender que todo pase a manos de los municipios. El viceministro Bartolomé Puma dijo que la Ley establece que los establecimientos y su funcionamiento están bajo responsabilidad de los municipios.Hemos hecho un planteamiento básico el gobierno, que debe garantizar las condiciones y debe garantizar mayor presupuesto, pero hemos sido sorprendidos con este decreto 4449 que claramente establece que no va a haber ni un solo centavo para el reinicio de las labores educativas (…) le pasa responsabilidades a los municipios que son en realidad mendigos que no tienen presupuesto para poder dar condiciones de bioseguridad, condiciones materiales para volver a las aulas”, dijo el profesor, Leandro Mamani al concluir la reunión.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, descartó este martes que se vaya a aplicar una cuarentena rígida en el país ante la segunda ola de contagios con Covid-19 e instó a que se formulen otras estrategias para combatir el mal. La autoridad explicó que el aislamiento aplicado la pasada gestión ocasionó severos problemas económicos en ocho de cada 10 familias, razón por la que se deben reactivar las actividades productivas, pero bajo protocolos de bioseguridad. La cuarentena desgarró la economía del pueblo boliviano y afectó a más del 80 por ciento de la población boliviana que vive del día a día, es por eso que más que optar por la opción más sencilla debemos buscar en conjunto estrategias”, sostuvo Auza. Según el ministro se buscan alternativas junto a los profesionales, las autoridades y dirigentes de organizaciones sociales, “pero no con posiciones cerradas”, frente a las exigencias para paralizar nuevamente el aparato productivo del país para contener el desborde de la infección que ha saturado los hospitales y otros centros de salud.
La Defensoría del Pueblo lanzó una dura crítica contra las autoridades nacionales, judiciales, penitenciarias y sanitarias, ante la ausencia de mecanismos suficientes para proteger de contagios de Covid-19 a los adolescentes de los centros de reintegración social (CRS) del país. Insta al Gobierno a tomar cartas en el asunto. El informe ‘Situación de las y los adolescentes en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19’, señala que el Estado no ha aplicado los principios y mecanismos jurídicos del Sistema Penal para Adolescentes para el egreso de centros de reintegración social en el contexto de la pandemia. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expuso que se ha identificado una desmejorada y reducida atención por parte del personal dependiente de los CRS, debido a las dificultades de transporte, la decisión de atender por turnos y mediante las TICs, atentando así contra el derecho a la atención integral.
El presidente Luis Arce dará un mensaje a la población en un acto “reducido” en la Casa Grande del Pueblo, en la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, este 22 de enero, según anunció el titular de Diputados, Freddy Mamani. Lo único que tendrá lugar es un pequeño acto donde nuestro hermano Presidente de Bolivia, Luis Arce, enviará un mensaje a todo el pueblo”, señaló Mamani explicando que este año no existirán concentraciones de organizaciones sociales para evitar más contagios con Covid-19. Desde el Ejecutivo se anticipa que el jefe de Estado hará una evaluación del último año de gestión, que incluye el periodo de Jeanine Áñez, y las proyecciones para este año, enfocadas esencialmente en segunda ola del virus y la economía.
El ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó este martes que el cobro de pensiones en colegios particulares debe ser “racional” y en acuerdo con los padres de familia, según la oferta académica para esta gestión, donde las clases se desarrollarán bajo la modalidad a distancia.No se puede cobrar lo del año pasado, porque se pagó un determinado monto por clases presenciales, entonces la pensión para este año debe ser diferente, pero hay colegios particulares grandes, con ofertas académicas diferenciales, otras medianas y otras pequeñas, en ese marco el cobro de pensiones debe ser racional”, afirmó. Quelca advirtió que no se puede proceder a retener libretas, títulos de bachiller y menos prohibir la inscripción de estudiantes antiguos, porque eso constituye “excesos” de propietarios de algunos establecimientos. Anunció que las direcciones departamentales intervendrán para sancionar abusos.
La pugna electoral se calienta y va más allá de las propuestas y planes de gobierno. Dos denuncias, una de parte del Movimiento Demócrata Social y otra de Alianza Vecinal + MTS, fueron presentadas ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz. Una pide la inhabilitación de Angélica Sosa como candidata a la Alcaldía cruceña y la otra observa un supuesto abuso de poder por parte de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT). La primera denuncia fue presentada este martes por Alberto Vaca, candidato a concejal por Demócratas, quien acusa a SPT por el uso de imágenes de obras y servicios públicos de la municipalidad en 90 vallas publicitarias.El postulante expresó que este hecho, al que calificó como un abuso de poder municipal, viola la Ley de Régimen Electoral 026 y pidió a las autoridades electorales que instruyan la remoción de las vallas, así comoinstó a que puedan pedir la fuente y condiciones de financiamiento de las vallas, como parte del principio de transparencia y libre información.
