Ocho meses después, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó ayer que la semana pasada, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), presentó ante el Ministerio Público la querella penal contra quienes resultaren autores, cómplices, instigadores y/o encubridores del fraude que se registró en las elecciones de octubre del año pasado. Un comunicado oficial advierte que la querella obedece a la presunta comisión de los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática y alteración y ocultación de resultados, previstos en la Ley 026 del Régimen Electoral. También, señala la presunta comisión de los delitos de corrupción de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, establecidos en el Código Penal, modificados por la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.
Varios padres de familia de colegios fiscales de uno de los seis distritos educativos de La Paz se reunieron hoy, para iniciar mañana una huelga de hambre. Reclaman por la falta de acercamiento con los padres para poner a punto la educación virtual, semipresencial, a distancia y presencial que el Ministerio de Educación pretende aplicar con el decreto supremo 4260 del 6 de junio. Para empezar con la educación virtual, los papás piden acceso gratuito a internet y dotación de computadoras. “Ya se hizo para quinto y sexto de secundaria. También se hizo en Chile, en Argentina. Se puede reactivar la empresa Quipus y liberar (las computadoras) que están incautadas en Aduana. No nos oponemos a las clases virtuales, pero no nos tomaron en cuenta en ese decreto del 6 de junio”, lamenta.
Esfuerzo conjunto. Estas dos palabras fueron las más repetidas por las autoridades locales, departamentales y nacionales, que participaron hoy de la reunión ampliada del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), en la que se determinó que, a partir de este martes, se realizará un rastrillaje por todos los barrios cruceños para luchar contra el Covid-19 hasta el 30 de junio, tiempo en que se ha fijado el plazo de ampliación de la cuarentena. Al momento de informar sobre las conclusiones de la reunión, el gobernador Rubén Costas, resaltó que todas las decisiones que se han tomado se basan en los índices registrados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), los cuales indican un alto nivel de riesgo en 24 municipios, entre los que se encuentra Santa Cruz de la Sierra.
El Ministerio de Salud informó que, este lunes, se registraron 614 nuevos contagios de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra acumulada de infectados a 19.073.Santa Cruz concentra la mayor cantidad de nuevos casos con 317 nuevos pacientes este lunes. Le sigue Cochabamba con 155, La Paz con 64, Pando con 21, Chuquisaca con 15, Potosí con 12, Oruro y Tarija con 11 y Beni con 8.Con las nuevas cifras, el número acumulado de contagios por departamentos es Santa Cruz 11.741, Beni 2.962, Cochabamba 1.878, La Paz 1.213, Oruro 389, Potosí 343, Pando 307, Tarija 123 y Chuquisaca 117.
El Foro de Abogados paceños se dio cita en las afueras del edificio de la Fiscalía departamental este martes y anuncia una toma de las instalaciones en rechazo al posible cambio de autoridades en esta institución. El abogado Eduardo León dijo que no existe ninguna empatía ni antipatía con el actual fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, y que no se lo está defendiendo como persona para que él continúe en el cargo, sino, que se trata de evitar que con el cambio haya una retardación de justicia e intencionalmente se causa el bloqueo de muchos procesos y particularmente de relevancia nacional».Vamos a llegar medidas de hecho como abogados del Foro paceño y vamos a tomar la Fiscalía, vamos a encadenarnos. No vamos a permitir que se sigan manoseando más los casos relacionados a Evo Morales (acusado) de terrorismo», apuntó.
La situación en el hospital Japonés es aún más crítica en esta emergencia por el Covid-19. Más del 50 por ciento del personal de salud está ausente por la licencia de Covid-19, que se aprobó para el personal de salud que está en riesgo, y otras bajas médicas que se han presentado. Este panorama ha reducido la atención en los diferentes servicios y aguardan que las autoridades pongan en funcionamiento los domos que están equipando en esas instalaciones.Neisy Surriabre, directora del hospital Japonés, señala que la Gobernación viene impulsando el proyecto de los domos. Este sábado el gobernador Rubén Costas recibió 16 respiradores, en calidad de préstamo, de parte de la Universidad de Aquino de Bolivia (Udabol), los mismos que fueron instalados junto a otros cinco de los que dispone la Gobernación en uno de los domos.
