Los 332 legisladores, además de 18 asambleístas supraestatales recibirán mañana sus credenciales en un acto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dividió en dos horarios por razones de salud. De acuerdo con la convocatoria oficial del TSE, la primera sesión se realizará a las 10:00 y se procederá a la entrega de las credenciales a 166 diputados y senadores titulares, además de los nueve supraestatales. Mientras que en horas de la tarde se realizará el mismo acto, pero con los suplentes. Para el miércoles, el TSE también organizó otro acto oficial, se trata de la entrega de credenciales a los mandatarios electos, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Según el Calendario Electoral existe un día de retraso porque en el documento del ente electoral, la entrega de credenciales debía producirse el lunes 26 de octubre si es que no había segunda vuelta y tampoco repetición de elecciones, tal como sucedió ahora.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe final de la comisión de investigación sobre la compra irregular de material no letal y el documento fue remitido la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie acciones legales contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez; el exministro de Economía, Óscar Ortiz y el presidente de la Aduana, Waldo Ramos Jurado.Se han presentado pruebas de las irregularidades en la licitación, por esas irregularidades estamos mandando (el informe) para que hagan las investigaciones correspondientes en las instancias mencionadas”, dijo la presidenta del Senado, Eva Copa. El informe fue remitido a la fiscalía de La Paz, Contraloría General del Estado (CGE); Procuraduría General del Estado (PGE) y Fiscalía General del Estado (FGE) que deben investigar e instaurar los correspondientes procesos.
Las arremetidas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las de su líder, Juan Evo Morales, hacia la Organización de Estados Americanos (OEA), el organismo internacional que descubrió indicios de fraude en las fallidas elecciones de 2019, tuvieron su repuesta. Fue el propio Manuel González, jefe de la misión de la OEA en los comicios de 2019 y 2020, quien se pronunció sobre las declaraciones vertidas por Evo. El propio Morales escribió en Twitter que llevaría el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), puesto que el informe de la OEA derivó en «masivas violaciones a los derechos humanos (DDHH) y crímenes de lesa humanidad».
Si la construcción se paraliza, el perjuicio es en cadena. El paro cívico de 21 días y los conflictos sociales de noviembre de 2019 y la inactividad del sector este año por la pandemia que frenó las obras y nos obligó al cierre de las tiendas nos tienen al borde del colapso”. Así, Lourdes Gutiérrez, propietaria de la ferretería que lleva el mismo nombre de su apellido, resumió las secuelas de la crisis del sector constructor y del Covid-19. La ferretera deduce que la gente atesora el dinero y dejó de invertir por la incertidumbre sanitaria, política y económica que vive el país. “La gente está sin plata”, dice. En Alto San Pedro, zona de referencia donde convergen negocios que ofertan materiales de construcción en Santa Cruz de la Sierra, lo mencionado por Gutiérrez es compartido en otros negocios.
El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) trae buenas perspectivas para Bolivia en 2021. Para el próximo año el organismo tiene previsto que el país tenga un crecimiento del 5,6% en su Producto Interno Bruto (PIB).Con relación a 2020, el FMI prevé que la economía nacional se contraiga en -7,9% en su PIB Además, prevé que la inflación llegue a 3,3% este año.. A escala regional la organización mejoró la proyección para América Latina y el Caribe con una caída del 8,1 % para este año por el impacto del coronavirus.La proyección está 1,3 puntos menos que en sus cálculos del pasado mes de junio. En el continente los países que menos sentirán el impacto de la pandemia son Paraguay y Uruguay, con contracciones previstas este año del 4 y el 4,5 %, respectivamente.
El diputado nacional por UD, Luis Felipe Dorado, cuestiona la participación de servidores informáticos de Argentina, México y Estados Unidos durante el conteo de votos y reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una explicación convincente. Dorado considera que, de haber existido la participación de estos equipos del exterior, se estaría cometiendo una «manipulación informática, lo que supone un delito legal». El diputado recuerda que la injerencia de servidores externos fue clave en el fraude electoral de 2019. La normativa vigente en el país, respaldada por varios Decretos Supremos, resguarda la soberanía tecnológica. Por ejemplo, Dorado alega que en el Reglamento de Tecnologías de la Información y Comunicación aprobado mediante Decreto Supremo No. 1793, se establece que «en el marco de la soberanía nacional sobre los contenidos y datos del Estado, no se puede permitir el almacenamiento de los datos no públicos del Estado en servidores ubicados fuera del territorio nacional y operados por empresas privadas.
