El Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió este martes las denuncias presentadas por los frentes que solicitan la anulación de la personería jurídica del MAS y la inhabilitación de sus candidatos por “haber difundido los resultados de una encuesta” y tras su legal notificación le da 48 horas al partido de Evo Morales para responder a su contenido. Arce, en una entrevista con Abya Yala habló de las encuestas encargadas por su partido. Dio a conocer que el MAS lidera la intención de voto; explicó que en segundo lugar está Carlos Mesa, en tercer puesto Jeanine Áñez y ahondó en detalles al mencionar que Luis Fernando Camacho está quinto y que Jorge Quiroga va por delante, en cuarto lugar. Por separado, las alianzas Juntos, Creemos y Libre 21 y el Comité Cívico de La Paz, al igual que plataformas por el 21F presentaron denuncias contra el MAS por el presunto delito electoral de difusión de encuestas. Desde el TSE se pudo conocer esta noche que las notificaciones fueron enviadas a las partes.
El Colaborador se llama la clínica privada donde el expresidente Evo Morales se hacía atender y que hoy fue intervenida por el Gobierno. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el interino de salud, Fernando López, indicaron que dentro de este centro se ha encontrado equipos de «altísima tecnología». Incluso hemos encontrado un gimnasio especial para rodilla. Todos recordarán que Evo Morales tenía un problema con su rodilla. Tenemos un tomógrafo de $us 800.000, aproximadamente. Hay camas de cinco movimientos, equipos de radiografía móviles, respiradores. sistema de oxígeno en todo el hospital, hay generador propio de luz, tiene aires acondicionados. No necesitamos gastar un centavo y esto lo vamos a poner al servicio de los médicos que están salvando la vida de los bolivianos», dijo Murillo, adelantando que el lugar cuenta con espacio para 40 camas y que casi todas podrán ser para terapia intensiva.
El Gobierno de Jeanine Áñez y los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), que dominan el Órgano Legislativo, siguen en pugna por los recursos económicos de organismos internacionales para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 y distribuir un nuevo bono Salud. Mientras que el Órgano Ejecutivo exige la aprobación de al menos cuatro proyectos de ley para acceder a más de mil millones de dólares, la Asamblea se inclina por un máximo de $us 500 millones que alcanzan para el bono propuesto por Áñez el domingo pasado. En ese trance, los partidos políticos ven nada más que una lucha de poder, de cara a las próximas elecciones generales, observando que ninguno de los dos actores les interesa la salud, ni la economía de la población.
Las agrupaciones políticas que participarán de las próximas elecciones generales, excepto el MAS, han coincidido en que se debe tomar en cuenta el informe del Comité Científico asesor del Ministerio de Salud que sugirió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambiar la fecha de los comicios, fijada para el 6 de septiembre, ante la evolución que se presenta en la pandemia por coronavirus. Para Libre 21 primero está el derecho a la vida y a la salud, en ese sentido, la propuesta de la agrupación está sujeta estrictamente a que el TSE junto al Comité Científico tomen la decisión de que no se vaya a elecciones justo cuando la pandemia está en el mayor pico de contagios.
Mientras un grupo de personas en la plaza 24 de Septiembre, de Santa Cruz, continúa en la medida extrema de huelga de hambre en demanda de la devolución total de sus aportes conferidos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en instancias de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a decir de legisladores consultados, no existe nada claro con respecto a la viabilidad o inviabilidad de las propuestas que se tienen en agenda. Hasta la fecha, se supo que la Asamblea Legislativa recibió cuatro proyectos de ley que buscan la devolución o el retiro voluntario de los aportes a las AFP por parte de los trabajadores. El primero establece una devolución del 50% de los aportes con que cuente el afiliado. Los retiros podrán ser realizados en un 25% de manera inmediata y el 25% restante hasta en seis cuotas en el transcurso de los 180 días siguientes (seis meses). Asimismo, el proyecto establece que los aportes retirados podrán ser repuestos con posterioridad por los aportantes.
A más de dos semanas de haber retomado sus actividades, los transportistas urbanos tuvieron una reunión con la alcaldesa Angélica Sosa para plantear sus preocupaciones y tres propuestas para no sobrepasar el límite permitido (60%) de la capacidad de cada micro en el transporte de pasajeros. Aldo Terrazas, máximo dirigente del transporte urbano, dijo que poco más de 3.000 unidades de buses están trabajando, cuando el total es 7.000. Además que los 12 pasajeros que trasladan en cada viaje, por normas de bioseguridad, no representan los ingresos económicos suficientes para sobrevivir. «Por eso hemos priorizado que circulen los micros a gas, no a diésel, porque sino sería más complicada la situación», subrayó.
